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Msc.  Alberto Carrillo Goyenaga

Abogado especialista Legal Center CR

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(506)88117161

 

El COVID 19 vino a poner nuestras vidas de cabeza. De la noche a la mañana hemos tenido que ajustarnos todos a una nueva normalidad. Nuestras vidas han tenido que adaptarse a nuevos estándares de higiene, distanciamiento social, y una digitalización de todas nuestras relaciones sociales. La gran mayoría de las empresas han tenido que lanzarse a una transformación digital de su entorno laboral y comercial de forma súbita, y las mismas instituciones del gobierno han tenido que encontrar soluciones virtuales a muchos de sus servicios para resguardar la salud de la población en general.

 

En cuestión de semanas hemos visto el salto que muchos pronosticaban que iba a tardar años en alcanzarse. El teletrabajo ha pasado de ser una opción a una necesidad, demostrando para muchos anteriores escépticos,  la versatilidad y nuevas opciones que la tecnología actual permite. Muchas empresas ahora ofrecen servicios de entrega a domicilio a través de plataformas móviles y web, y encontramos alianzas insospechadas entre franquicias de farmacias y conductores de alquileres de autos. Plataformas como Zoom han tenido que correr con actualizaciones de seguridad para estar a la altura de su reciente popularidad, y de los estándares legales establecidos desde ya hace años.

 

Hemos de preguntarnos, ¿estamos nosotros, como sociedad, listos para ellos? Con las nuevas ventajas también se han acelerado los peligros y los problemas. Con los nuevos servicios digitales aumentan también las estafas electrónicas. Con la digitalización y virtualización de la educación se hace evidente la brecha social con los menos favorecidos. Con la virtualización de los servicios, viene empresas sin escrúpulos a explotar datos personales de la ciudadanía de forma ilegal. Y finalmente, con las nuevas tecnologías, queda expuesta la brecha generacional de aquellos que no se adaptan tan rápido a estos cambios.

 

En el ámbito de los bienes y servicios, ahora más que nunca vemos la importancia de una cultura digital nueva, tanto de las empresas como de los consumidores. El fácil acceso a través de aplicaciones móviles y páginas web requieren de un compromiso también por parte de los empresarios de brindar una atención apta para sus consumidores. El entorno digital no los exime de responsabilidad por políticas abusivas con sus clientes. Asimismo, los consumidores digitales deben entender que no solo pueden reclamar sus derechos ante cancelaciones abusivas, sino a denunciarlas ante las autoridades correspondientes. Encontramos ahora la importancia de los Términos y Condiciones de servicio de aplicaciones y páginas web como una garantía para los derechos de los consumidores más que como un justificador de abusos comerciales.

 

La popularidad de los servicios de la sociedad de la información acarrea a su vez un aumento de actividades delictivas. Por cada nuevo servicio digital que ofrece un banco, surje una página falsa que intenta suplantarlo. El phishing y las estafas electrónicas se vuelven cada vez más comunes y difíciles de detectar para quienes no están acostumbrados a diferenciarlos. De nuevo, la brecha generacional vuelve en esta área a mostrar las poblaciones más vulnerables. Por medio de llamadas telefónicas, o mensajes de texto sospechosos, muchos caen en dar información confidencial personal a individuos inescrupulosos. Debemos aprender a ser más cautelosos y sospechar de todo beneficio y ventaja que se nos ofrece por medios digitales. Tenemos que aprender a discernir las fuentes oficiales de sus dobles sin certificados de seguridad digital, o con direcciones sospechosas.

 

No solamente esto, sino que también debemos aprender el valor de nuestros datos personales ante empresas e instituciones de gobierno. Aun cuando la fuente sea la oficial, debemos aprender a no ser tan generosos con nuestra información. Tanto empresas como instituciones públicas deben seguir respetando los lineamientos de la Ley 8968 para la protección de nuestros datos personales. Las ventajas que nos pueda ofrecer un servicio por medio de una aplicación no les valida automáticamente el derecho de hacer un tratamiento de nuestros datos de forma antojadiza. En muy recientes días salió a la luz el caso de una empresa privada que, en un noticiero importante, anunció su servicio de reportes de la población que se mantiene en cuarentena. Esta empresa no mencionó, sin embargo, que esta información no se utilizaba con ningún fin de interés público, y todo lo contrario, iba a ser recolectada con fines de mercadotecnia. 

 

Tenemos que entender la importancia del principio de consentimiento informado de nuestros datos personales, nadie puede utilizar nuestra información personal de una forma para la cual nosotros no hayamos dado su aprobación. Podemos exigir nuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante cualquier persona, y escoger la forma en que queremos que se trate esa información. No hace poco medios periodísticos y la población le exigían al presidente mismo responder por alegaciones de un mal uso de información personal, ¿cuánto más lo debemos reclamar a empresas privadas e instituciones públicas?

 

Nuestra cultura digital se está transformando día a día de forma más acelerada que en años previos, Y lo que se avecina, referente a controles poblacionales por medios digitales por parte de instituciones públicas y empresas privadas, son temas que desde ya deben hacernos reflexionar. Las tendencias que vemos en otros países como China, y los servicios de geolocalización, análisis de Big data y control de poblaciones merecen ya otro artículo para discutir de forma adecuada. Pero son una muestra que estos cambios no van a parar, todo lo contrario, van a crecer en los próximos meses y años, y debemos estar preparados como ciudadanos, empresas e instituciones públicas para hacerles frente sin atropellar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

 

¿Qué estás haciendo para adaptarte?

CategoryDerecho Penal
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